SOFICO fue la idea genial de Eugenio Peydró Salmerón, un empresario almeriense que había medrado en la Guerra Civil como fiel servidor del coronel José Ungría, jefe de los servicios secretos de Franco y clave en la quinta columna de Barcelona.
En diciembre de 1976, el juez especial encargado del caso Sofico envió el expediente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo debido a que consideraba que los indicios de responsabilidad penal podrían extenderse a otros consejeros del grupo de empresas Sofico, incluyendo a algunos militares y miembros de la carrera judicial. Posteriormente, cuando se creó la Audiencia Nacional, un tribunal especializado en delitos de naturaleza compleja, incluyendo los delitos económicos, la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió enviar el caso a la Audiencia Nacional.
La decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de enviar el caso a la Audiencia Nacional se basó en su estimación de que los presuntos indicios de criminalidad solo alcanzaban a las dos personas que ya estaban procesadas y no se extendían a otras personas que estaban sujetas a su jurisdicción debido a su cargo en la Administración del Estado. En resumen, el caso Sofico fue transferido de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional debido a la complejidad del caso y la necesidad de un tribunal especializado en delitos económicos.
Según la información proporcionada, en 1974, cuando se produjo el escándalo del grupo de empresas Sofico, el Consejo de Administración estaba compuesto por los Peydró, padre e hijo, así como por otros miembros notables. Entre ellos se encontraban Rafael Cabanilles Prosper, teniente general; Hipólito Jiménez, abogado; Segismundo Martín Laborda, magistrado; José Matía López Pelegrín, intendente de Hacienda; Juan Losada Pérez, general de la Guardia Civil; Juan Martín Pariente, teniente coronel; y Luis Nieto Antúnez, ingeniero industrial.
Es importante destacar que algunos de estos miembros, como los militares y el magistrado, podrían haber estado sujetos a una jurisdicción especial debido a sus cargos en la Administración del Estado. Esto puede haber tenido implicaciones en la forma en que se manejó el caso, ya que algunas personas implicadas en el escándalo podrían haber estado protegidas por su posición en la jerarquía del Estado.
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