VIRGILIO CASTILLA. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA.

José y Carmen Castilla: “En el nombre del padre”.

Los hijos de Virgilio Castilla, presidente de la Diputación de Granada fusilado el 2 de agosto de 1936, piden al Estado que les devuelva la multa injustamente impuesta a su padre por el régimen franquista después de ser fusilado. Virgilio Castilla fue condenado a muerte en un consejo de guerra, sin garantías jurídicas, que lo declaró culpable de los delitos de rebelión militar, provocación, inducción e instigación a la rebelión e insultos a la fuerza armada. El fallo de la sentencia lo consideraba parte de “un amplio movimiento subversivo para implantar en Granada las doctrinas ruso-marxistas”. Es decir, una farsa judicial para llevarlo a la tapia del cementerio de San José, donde acabaron con su vida.

Pero los golpistas no se conformaron con fusilarlo, quisieron también arruinar a la familia, imponiéndole una multa de 250.000 pesetas. Para garantizar el pago de la sanción, los militares sublevados se presentaron en el domicilio de la familia Castilla con una orden del Tribunal de Responsabilidades Políticas que disponía la incautación de todos sus bienes: “Las fuerzas enviadas por el juez tomaron militarmente nuestra casa –recuerdan José y Carmen, hijos de Virgilio Castilla – y se llevaron todo lo que había: muebles, frigorífico, cuadros… Incluso saquearon el despacho de nuestro padre y se lo llevaron a capitanía general”.

José tenía seis años y Carmen once meses cuando se quedaron sin padre y sin patrimonio, lo que dejó a la familia desamparada y con un futuro incierto. José recuerda que su padre pensaba mandarlos al extranjero a estudiar en un colegio inglés y Carmen nunca olvidará el trauma que representó para ella crecer sin la presencia de su progenitor: “Antes lo tenía más asumido, pero ahora, cuando veo lo felices que son mis nietas con su padre, he tomado conciencia de la terrible pérdida que sufrí cuando no había cumplido ni un año”.

Setenta y cuatro años después, José y Carmen han pedido al Estado una “reclamación patrimonial” por aquella multa desproporcionada que el régimen franquista les impuso, después del asesinar a su padre: “El Estado se enriqueció injustamente y nos dejó en la ruina”, afirma José Castilla, de 80 años, que con su hermana Carmen, de 75, son los promotores de la reclamación: “Por entonces, 250.000 pesetas era todo un dineral – añade Carmen -. Aquella multa supuso el hundimiento de la economía familiar, dejando en una situación desesperada a una viuda con tres hijos a su cargo”.

Para hacer frente al pago de la multa, tuvieron que disolver la empresa familiar Confecciones Castilla S.L. que era su único sustento, aunque pudieron salir adelante con la ayuda de su abuelo materno, próspero comerciante de Granada: “Gracias a él pudimos sobrevivir. De lo contrario, hubiéramos tenido que pedir limosna”, señala José. Los hijos de Virgilio Castilla aseguran que no pretenden una restitución moral de la figura de su padre, que ya hizo la Diputación cuando le ofreció un homenaje en 1984. Tampoco quieren una indemnización por su fusilamiento, “porque no se puede poner precio a la vida”. Lo único que desean es que el Estado reintegre a la familia el dinero que injustamente le arrebató.

Decidieron hacer esta reclamación patrimonial después de que el Ministerio de Justicia reconociera oficialmente la persecución injusta que sufrió Virgilio Castilla. Lo hizo en una carta firmada por el ministro Francisco Caamaño y dirigida a sus familiares: “Padeció persecución y violencia por razones políticas e ideológicas, siendo ejecutado en Granada el 2 de agosto de 1936, en virtud de la sentencia dictada, sin las debidas garantías, por el ilegítimo consejo de guerra celebrado en la misma ciudad el día 1 de agosto de 1936”. Tanto los hijos de Virgilio Castilla como su abogado, José Miguel Castillo Calvín, consideran que esta reparación moral es necesaria, pero insuficiente: “El Estado se lucró con una sanción que nunca debió imponerse, y eso es enriquecimiento injusto”, afirma el letrado que calcula que la multa de 250.000 pesetas impuesta por el régimen franquista equivale a más de 262.000 euros actuales, que es la cantidad que reclaman: “Y si el Ministerio de la Presidencia rechaza la reclamación, iremos a los tribunales españoles y, si tampoco prospera, iremos a Europa y presentaremos nuestro caso en el Tribunal de Estrasburgo”.

¿Por qué los partidos políticos y las organizaciones sindicales sí fueron indemnizados y los particulares no? se pregunta el abogado. Durante la transición democrática, partidos y sindicatos llegaron a un acuerdo con el Estado, en virtud del cual lograron recuperar todos los bienes incautados por los franquistas. En cambio, de aquel acuerdo quedaron excluidos los 200.000 particulares que, como la familia de Virgilio Castilla, se vieron afectados por la represión económica del régimen golpista.

FRANCISCO VIGUERAS ROLDÁN