30 de junio de 2016

Tres albañiles muertos. Granada. 21 de julio de 1970.



Nunca se había conocido en la época del franquismo una represión tan fuerte. Con tres muertos sobre el asfalto: Antonio Huertas Remigio, de Maracena, Cristóbal Ibáñez Encinas, de Granada, y Manuel Sánchez Mesa, de Armilla, además de numerosos heridos entre miembros de la policía y trabajadores. Como respuesta a tan desmesurada y violenta respuesta, los trabajadores deciden encerrarse en la Catedral. 

No sería la última vez que monseñor Emilio Benavent Escuín tendría de inquilinos a trabajadores granadinos, cercados por las fuerzas del orden, por los grises, que es su nombre popular por el color de sus uniformes. Además de los tres albañiles muertos, convertidos a su pesar en héroes silenciosos de una causa, asesinados en la vía pública, como podían haber caído a balazos otros muchos más,  aquellas fechas registran nombres históricos para la clase obrera granadina como Luis Afán de Ribera, Juan Gálvez Lozano, Pedro Girón Torres, Juan Verdejo Cantero, Emilio y Luis Cervilla..., además de destacados miembros de la HOAC, como el cura Antonio Quitián y Adolfo Chércoles y con ellos dos futuros líderes sindicales de UGT, Daniel Maldonado y un jovencísimo Juan Cuenca, también el jesuita José Godoy (Pope Godoy) y otros sacerdotes que intervienen a su manera, como el padre dominico Antonio García del Moral, que sufre cárcel como otros tantos detenidos. 

Una noche antes, Paco Portillo, con los hombres más activos de su organización, algunos de los líderes ya citados de los que intervienen en primera línea, además de José Cid de la Rosa y El Abuelito, habían estado en casa de Cándido Capilla preparando los últimos detalles de la manifestación. 
    
Salvo algunas tímidas excepciones, es indignante el tratamiento que se le da en la prensa a los sucesos de Granada. Los periódicos locales se limitan a publicar las versiones oficiales del Gobierno Civil, en las que se antepone siempre la justificación de los policía para restarle importante a las tres muertes causadas por la represión. Los hechos no pueden ocultarse; aunque sí manipularse. Pueblo, órgano oficial del sindicato del Movimien-to, dirigido por Emilio Romero, se obstina en responsabilizar y satanizar a la Iglesia progresista de cuanto había ocurrido en Granada: ¿Quiénes son los culpables? La responsabilidad de las muertes de los tres obreros, había que buscarlas, no en los policías que dispararon, ni en quienes dieron la orden, sino en los curas:

“En principio, y con la insuficiente información que tenemos todavía delante, parecen culpables en primer lugar ciertos sacerdotes que incitaron a los obreros a la violencia, proporcionándoles, incluso, medios con que atacar a la fuerza pública. El hecho es, sencillamente, escandaloso, intolerable. Cabe preguntarse, como lo están haciendo a estas horas todos los españoles, ¿hasta cuándo? En efecto, es preciso saber hasta cuándo van a tolerarse estas posturas agresivas, violentas, insolidarias, de miembros de nuestro clero (...) Es inadmisible que hombres con hábitos, beneficiarios del gran prestigio moral de la Iglesia en España, sometidos, por otra parte, a una legislación de privilegio y de fuero, sigan adoptando impunemente actitudes que, además de oponerse a la ley, además de socavar los cimientos de la convivencia social y laboral pueden tener, como lamentablemente hemos visto en Granada, consecuencias trágicas e irreversibles. ¿Pero a qué cristianismo representan estos simples agitadores políticos? Lo de Granada no ha sido un juego. Y hay que exigir las responsabilidades pertinentes a esos clérigos que han provocado los sucesos”.
El Ya, órgano representante de la Iglesia al igual que su colega Ideal, publica un editorial el día 23: “Los sucesos de Granada”. El órgano oficial de la Iglesia está más interesado en replicar a las acusaciones de Pueblo contra los curas de Granada que apoyaron a los manifestantes que en exigir responsabilidades:

“Acusaciones tan graves no se pueden hacer sin estar cierto de ellas y los informes especiales de que disponemos las desmienten categóricamente. Quien hace afirmaciones de ese tipo está obligado a probarlas”.


Una frase críptica del editorial de La Vanguardia, periódico de la burguesía catalana, definía la situación de Granada desde el distanciamiento del régimen: Cuando hay humo, ello quiere decir que hay fuego, siquiera esté oculto o soterrado...”
Pero había ocurrido en Granada, lejos de las zonas más conflictivas de España. A falta de una prensa libre, circulan informes internos: la memoria que escribió Luis Afán de Rivera y una réplica a los partes oficiales que HOAC, JOC y FECUM hacen circular para contrarrestar la versión radicalmente manipulada que publican los medios de comunicación. La huelga de Granada pasa así a la historia de la clase obrera española. Como en otras ocasiones, como sucederá años después, tienen que mediar los muertos para que al trabajador se le reconozca un derecho. Si el 21 de julio de 1970 no caen muertos Antonio Cristóbal Ibáñez, Antonio Huertas Remigio y Manuel Sánchez Mesa, la autoridad, el empresario, el sindicalista oficial y de espaldas a la realidad de la clase obrera, no se dan por enterados, y muchos permanecerían ciegos, de que esos hombres estaban pidiendo la justicia laboral que se les venía negando.

El 20 de abril de 1971 se conoce la sentencia por presuntos delitos de homicidio y lesiones, tras el juicio seguido por la jurisdicción militar. El texto de la sentencia constituye un documento de cómo los tribunales de justicia actuaban en la retaguardia para exculpar, silenciar o archivar, como en este caso de la policía que disparó con bala contra los albañiles de Granada. Merece la pena recordar algunos pasajes de esa sentencia del tribunal militar que juzgó los hechos en la Capitanía General de Granada:
“La prueba practicada no permite determinar quién o quiénes fueron los autores de los disparos que causaron la muerte y lesiones de dichos manifestantes, pues tanto los guardias que se encontraban en aquel lugar antes del incidente, como los que acudieron en su ayuda al producirse éstos, hicieron uso de las armas cortas que portaban, sin que sea posible precisar, dada la confusión originada, quiénes pudieran ser los autores de aquellos disparos. Las declaraciones de todos los testigos coinciden en esta misma apreciación. Por lo que antecede y considerando apurada la investigación, es procedente acordar el sobreseimiento provisional del num.2 del Art. 723 del Código de Justicia Militar...
...De otra parte y con independencia de lo que antecede, debe hacerse constar que la responsabilidad que pudiera deducirse de haber resultado identificados los autores de los delitos investigados, no podría serles exigida por concurrir en el hecho las circunstancias de exención de responsabilidad señalada en el Art. 8, números 11 y 12 del Código Penal, pues según se deduce de lo actuado, los guardias actuaron en cumplimiento de un deber, teniendo establecida la jurisprudencia como requisitos de esta circunstancia eximente; 1 El carácter de Autoridad o Agente del que obra; 2 El ejercicio de funciones derivado de dicho carácter; 3 Cumplimiento de un deber ateniente a dichas funciones; 4 Empleo de medio violento adecuado para imponer la Ley...”


Escuela de represión. Como no podía ser de otra manera se cerró el caso. Pero Granada, ahora sí se demostraría, Todo es posible en Granada, que-da como un referente de rebeldía. Ese episodio, unido al miedo a despertar el fantasma de la muerte de García Lorca, determina una línea de represión en esta ciudad. La ciudad más prohibida, la ciudad blindada ante cualquier injerencia exterior. En esa clave se interpreta la prohibición de La represión nacionalista en Granada y la muerte de Federico García Lorca, (Ruedo Ibérico, París 1971), obra del irlandés Ian Gibson, que, siguiendo los pasos del maestro Brenan, aporta un documento básico para entender el clima de represión, en el que encontró la muerte Federico García Lorca y que contó, por primera vez, con el testimonio fundamental de Angelina. Granada instaura un control represivo, que creará escuela en los gobernadores civiles, que fueron sucediéndose –con el hilo conductor de Chalud Lillo– hasta los primeros años de la democracia. Detrás de esa escuela, pesará siempre la sombra de las familias más influyentes de Granada.





ANTONIO RAMOS ESPEJO - 1972

Tres albañiles muertos. Granada. 21 de julio de 1970.

Nunca se había conocido en la época del franquismo una represión tan fuerte. Con tres muertos sobre el asfalto: Antonio Huertas Remigio, de Maracena, Cristóbal Ibáñez Encinas, de Granada, y Manuel Sánchez Mesa, de Armilla, además de numerosos heridos entre miembros de la policía y trabajadores. Como respuesta a tan desmesurada y violenta respuesta, los trabajadores deciden encerrarse en la Catedral. 
No sería la última vez que monseñor Emilio Benavent Escuín tendría de inquilinos a trabajadores granadinos, cercados por las fuerzas del orden, por los grises, que es su nombre popular por el color de sus uniformes. Además de los tres albañiles muertos, convertidos a su pesar en héroes silenciosos de una causa, asesinados en la vía pública, como podían haber caído a balazos otros muchos más,  aquellas fechas registran nombres históricos para la clase obrera granadina como Luis Afán de Ribera, Juan Gálvez Lozano, Pedro Girón Torres, Juan Verdejo Cantero, Emilio y Luis Cervilla..., además de destacados miembros de la HOAC, como el cura Antonio Quitián y Adolfo Chércoles y con ellos dos futuros líderes sindicales de UGT, Daniel Maldonado y un jovencísimo Juan Cuenca, también el jesuita José Godoy (Pope Godoy) y otros sacerdotes que intervienen a su manera, como el padre dominico Antonio García del Moral, que sufre cárcel como otros tantos detenidos. 
Una noche antes, Paco Portillo, con los hombres más activos de su organización, algunos de los líderes ya citados de los que intervienen en primera línea, además de José Cid de la Rosa y El Abuelito, habían estado en casa de Cándido Capilla preparando los últimos detalles de la manifestación. 
    
Salvo algunas tímidas excepciones, es indignante el tratamiento que se le da en la prensa a los sucesos de Granada. Los periódicos locales se limitan a publicar las versiones oficiales del Gobierno Civil, en las que se antepone siempre la justificación de los policía para restarle importante a las tres muertes causadas por la represión. Los hechos no pueden ocultarse; aunque sí manipularse. Pueblo, órgano oficial del sindicato del Movimien-to, dirigido por Emilio Romero, se obstina en responsabilizar y satanizar a la Iglesia progresista de cuanto había ocurrido en Granada: ¿Quiénes son los culpables? La responsabilidad de las muertes de los tres obreros, había que buscarlas, no en los policías que dispararon, ni en quienes dieron la orden, sino en los curas:

“En principio, y con la insuficiente información que tenemos todavía delante, parecen culpables en primer lugar ciertos sacerdotes que incitaron a los obreros a la violencia, proporcionándoles, incluso, medios con que atacar a la fuerza pública. El hecho es, sencillamente, escandaloso, intolerable. Cabe preguntarse, como lo están haciendo a estas horas todos los españoles, ¿hasta cuándo? En efecto, es preciso saber hasta cuándo van a tolerarse estas posturas agresivas, violentas, insolidarias, de miembros de nuestro clero (...) Es inadmisible que hombres con hábitos, beneficiarios del gran prestigio moral de la Iglesia en España, sometidos, por otra parte, a una legislación de privilegio y de fuero, sigan adoptando impunemente actitudes que, además de oponerse a la ley, además de socavar los cimientos de la convivencia social y laboral pueden tener, como lamentablemente hemos visto en Granada, consecuencias trágicas e irreversibles. ¿Pero a qué cristianismo representan estos simples agitadores políticos? Lo de Granada no ha sido un juego. Y hay que exigir las responsabilidades pertinentes a esos clérigos que han provocado los sucesos”.
El Ya, órgano representante de la Iglesia al igual que su colega Ideal, publica un editorial el día 23: “Los sucesos de Granada”. El órgano oficial de la Iglesia está más interesado en replicar a las acusaciones de Pueblo contra los curas de Granada que apoyaron a los manifestantes que en exigir responsabilidades:

“Acusaciones tan graves no se pueden hacer sin estar cierto de ellas y los informes especiales de que disponemos las desmienten categóricamente. Quien hace afirmaciones de ese tipo está obligado a probarlas”.


Una frase críptica del editorial de La Vanguardia, periódico de la burguesía catalana, definía la situación de Granada desde el distanciamiento del régimen: Cuando hay humo, ello quiere decir que hay fuego, siquiera esté oculto o soterrado...”
Pero había ocurrido en Granada, lejos de las zonas más conflictivas de España. A falta de una prensa libre, circulan informes internos: la memoria que escribió Luis Afán de Rivera y una réplica a los partes oficiales que HOAC, JOC y FECUM hacen circular para contrarrestar la versión radicalmente manipulada que publican los medios de comunicación. La huelga de Granada pasa así a la historia de la clase obrera española. Como en otras ocasiones, como sucederá años después, tienen que mediar los muertos para que al trabajador se le reconozca un derecho. Si el 21 de julio de 1970 no caen muertos Antonio Cristóbal Ibáñez, Antonio Huertas Remigio y Manuel Sánchez Mesa, la autoridad, el empresario, el sindicalista oficial y de espaldas a la realidad de la clase obrera, no se dan por enterados, y muchos permanecerían ciegos, de que esos hombres estaban pidiendo la justicia laboral que se les venía negando.

El 20 de abril de 1971 se conoce la sentencia por presuntos delitos de homicidio y lesiones, tras el juicio seguido por la jurisdicción militar. El texto de la sentencia constituye un documento de cómo los tribunales de justicia actuaban en la retaguardia para exculpar, silenciar o archivar, como en este caso de la policía que disparó con bala contra los albañiles de Granada. Merece la pena recordar algunos pasajes de esa sentencia del tribunal militar que juzgó los hechos en la Capitanía General de Granada:
“La prueba practicada no permite determinar quién o quiénes fueron los autores de los disparos que causaron la muerte y lesiones de dichos manifestantes, pues tanto los guardias que se encontraban en aquel lugar antes del incidente, como los que acudieron en su ayuda al producirse éstos, hicieron uso de las armas cortas que portaban, sin que sea posible precisar, dada la confusión originada, quiénes pudieran ser los autores de aquellos disparos. Las declaraciones de todos los testigos coinciden en esta misma apreciación. Por lo que antecede y considerando apurada la investigación, es procedente acordar el sobreseimiento provisional del num.2 del Art. 723 del Código de Justicia Militar...
...De otra parte y con independencia de lo que antecede, debe hacerse constar que la responsabilidad que pudiera deducirse de haber resultado identificados los autores de los delitos investigados, no podría serles exigida por concurrir en el hecho las circunstancias de exención de responsabilidad señalada en el Art. 8, números 11 y 12 del Código Penal, pues según se deduce de lo actuado, los guardias actuaron en cumplimiento de un deber, teniendo establecida la jurisprudencia como requisitos de esta circunstancia eximente; 1 El carácter de Autoridad o Agente del que obra; 2 El ejercicio de funciones derivado de dicho carácter; 3 Cumplimiento de un deber ateniente a dichas funciones; 4 Empleo de medio violento adecuado para imponer la Ley...”


Escuela de represión. Como no podía ser de otra manera se cerró el caso. Pero Granada, ahora sí se demostraría, Todo es posible en Granada, que-da como un referente de rebeldía. Ese episodio, unido al miedo a despertar el fantasma de la muerte de García Lorca, determina una línea de represión en esta ciudad. La ciudad más prohibida, la ciudad blindada ante cualquier injerencia exterior. En esa clave se interpreta la prohibición de La represión nacionalista en Granada y la muerte de Federico García Lorca, (Ruedo Ibérico, París 1971), obra del irlandés Ian Gibson, que, siguiendo los pasos del maestro Brenan, aporta un documento básico para entender el clima de represión, en el que encontró la muerte Federico García Lorca y que contó, por primera vez, con el testimonio fundamental de Angelina. Granada instaura un control represivo, que creará escuela en los gobernadores civiles, que fueron sucediéndose –con el hilo conductor de Chalud Lillo– hasta los primeros años de la democracia. Detrás de esa escuela, pesará siempre la sombra de las familias más influyentes de Granada.



ANTONIO RAMOS ESPEJO - 1972

Una mañana de diciembre de 1936







(Foto Superior)
Once millas fuera de Madrid, la Milicia Popular española, en una barricada hecha de ropa de cama y mesas, esperan la llegada de los tanques italianos y alemanes de Franco, artillería y aviones. El heroísmo de estos trabajadores se encuentra sólo en paralelo a la de los comuneros de París, y los trabajadores y campesinos de Rusia en la gran revolución proletaria.

(Foto Izquierda) Lenin escribió "Proletarios, toma el arma tus manos, y aprende cómo hacer buen uso de ella"; la Milicia Popular, que se está convirtiendo en el Ejército Popular de España, ha tenido muy pocas armas debido a la falta de una acción decidida por parte de los que podría haber forzado al levantamiento del bloqueo del gobierno constitucional de España.

(Foto Derecha)
"Adiós" a este trabajador arrancado de su familia para defendernos, así como su propia casa y la mujer contra los que declaró que 300.000 españoles tendrían que morir para llegar a los propietarios ricos de nuevo. ¿Ha de luchar sin defensa, con armas inadecuadas, contra las armas modernas proporcionadas por el alemán y el fascismo italiano (su esposa y el niño puede incluso ahora sean bombardeados hasta a la muerte.)?

Una mañana de diciembre de 1936



(Foto Superior)
Once millas fuera de Madrid, la Milicia Popular española, en una barricada hecha de ropa de cama y mesas, esperan la llegada de los tanques italianos y alemanes de Franco, artillería y aviones. El heroísmo de estos trabajadores se encuentra sólo en paralelo a la de los comuneros de París, y los trabajadores y campesinos de Rusia en la gran revolución proletaria.

(Foto Izquierda) Lenin escribió "Proletarios, toma el arma tus manos, y aprende cómo hacer buen uso de ella"; la Milicia Popular, que se está convirtiendo en el Ejército Popular de España, ha tenido muy pocas armas debido a la falta de una acción decidida por parte de los que podría haber forzado al levantamiento del bloqueo del gobierno constitucional de España.

(Foto Derecha)
"Adiós" a este trabajador arrancado de su familia para defendernos, así como su propia casa y la mujer contra los que declaró que 300.000 españoles tendrían que morir para llegar a los propietarios ricos de nuevo. ¿Ha de luchar sin defensa, con armas inadecuadas, contra las armas modernas proporcionadas por el alemán y el fascismo italiano (su esposa y el niño puede incluso ahora sean bombardeados hasta a la muerte.)?

La insurrección de Asturias: la CNT y la FAI en octubre de 1934



La insurrección de Asturias: la CNT y la FAI en octubre de 1934
(Imagen obtenida en los Sindicatos del Reino Unido - 1934, fué utilizada como un icono para los laboristas)

"En la barriada de El Llano se procedió a regularizar la vida de acuerdo con los postulados de la CNT: socialización de la riqueza, abolición de la autoridad y el capitalismo. Fue una breve experiencia llena de interés, ya que los revolucionarios no dominaron la ciudad. [...] Se siguió un procedimiento parecido al de Langreo. Para la organización del consumo se creó un Comité de Abastos, con delegados por calles, establecidos en las tiendas de comestibles, que controlaban el número de vecinos de cada calle y procedían a la distribución de los alimentos. Este control por calle permitía establecer con facilidad la cantidad de pan y de otros productos que se necesitaban. El Comité de Abastos llevaba el control general de las existencias disponibles, particularmente de la harina."

Manuel Villar. El anarquismo en la insurrección de Asturias: la CNT y la FAI en octubre de 1934

La insurrección de Asturias: la CNT y la FAI en octubre de 1934

La insurrección de Asturias: la CNT y la FAI en octubre de 1934
(Imagen obtenida en los Sindicatos del Reino Unido - 1934, fué utilizada como un icono para los laboristas)

"En la barriada de El Llano se procedió a regularizar la vida de acuerdo con los postulados de la CNT: socialización de la riqueza, abolición de la autoridad y el capitalismo. Fue una breve experiencia llena de interés, ya que los revolucionarios no dominaron la ciudad. [...] Se siguió un procedimiento parecido al de Langreo. Para la organización del consumo se creó un Comité de Abastos, con delegados por calles, establecidos en las tiendas de comestibles, que controlaban el número de vecinos de cada calle y procedían a la distribución de los alimentos. Este control por calle permitía establecer con facilidad la cantidad de pan y de otros productos que se necesitaban. El Comité de Abastos llevaba el control general de las existencias disponibles, particularmente de la harina."

Manuel Villar. El anarquismo en la insurrección de Asturias: la CNT y la FAI en octubre de 1934

25 de junio de 2016

17 de junio de 2016

El botín andaluz de Franco

A Blas Infante lo fusilaron unos señoritos derechistas en la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936. Pero su sentencia no llegó hasta casi cuatro años después de mano de uno de los 18 tribunales de responsabilidades políticas que puso en marcha el franquismo para castigar a los vencidos, quitándoles sus propiedades y a golpe de multas. No importaba si habían muerto, como en el caso de Infante (le sancionaron con 2.000 pesetas notificadas a su viuda), que estuvieran en prisión o en el exilio. Igual que la represión física, la económica fue también implacable, un enorme botín de guerra que tuvo, sobre todo, una repercusión terrible en las familias, empujadas al hambre y la miseria.



El volumen de multas superó los 700 millones de pesetas de la época



Impulsado por la Consejería de Justicia de la Junta, un equipo de 32 investigadores de las nueve universidades andaluzas trabaja en introducir en una única base de datos 53.720 expedientes (el objetivo es llegar a los 60.000) de las actuaciones de los comités provinciales de incautación de bienes y los tribunales de responsabilidades políticas en Andalucía entre 1936 y 1945. "El volumen de multas pudo superar con creces los 700 millones de pesetas de las de entonces y alcanzar las 9.500 incautaciones; la represalia fue de tal envergadura y afectó a tanta gente que se produjo el colapso y en 1945 se tuvo que nombrar a una comisión liquidadora que dio carpetazo a 40.000 expedientes", sostiene Fernando Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería y coordinador del macroproyecto.



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La represión del nuevo régimen abarcó todas las vertientes posibles, desde las ejecuciones y encarcelamientos a las depuraciones ideológicas para el ejercicio profesional (docentes, jueces, médicos, arquitectos, etcétera). Hubo un tercer círculo, la confiscación de las posesiones del enemigo, a quien también se le multaba. La intención era doble: que nadie quedara sin castigo y recabar fondos. Francisco Franco quiso que los republicanos sufragaran los gastos de su alzamiento. Primero se crearon comisiones de incautación, enseguida desbordadas, y a partir de 1939 la jurisdicción especial de responsabilidades políticas.



Estos tribunales llevaron el delito político hasta extremos desconocidos en la historia de España, tenían carácter retroactivo y podían purgar hechos cometidos a partir de 1934, como se ve en el ejemplo de Blas Infante, asesinado en 1936 y, sin embargo, condenado y sancionado en 1940. Las responsabilidades no se extinguían con la muerte, las heredaban sus descendientes.



En Andalucía la persecución y el saqueo fueron devastadores. "El mero inicio del expediente, aunque no hubiera condena, era ya fatal porque el acusado no tenía acceso a su patrimonio. Muchos estaban muertos o en la cárcel y la familia no podía vender ni mover un papel, era la ruina y la necesidad", explica Fernando Martínez.El historiador relata un caso hallado en Almería que simboliza lo que significó esta represión invisible, y las situaciones angustiosas que generó en la economía del hambre de la posguerra. José Enciso Amat, masón, murió en 1937. Dos años más tarde le abrieron una causa que no se falló hasta 1940. A la viuda, multada con 12.000 pesetas, se le interviene la farmacia de la que era propietaria, a cuyo frente se coloca un administrador que percibe 10 pesetas diarias. Las cuentas bancarias, créditos y demás pertenencias también fueron inmovilizadas. Desesperada, la mujer escribe al tribunal y relata en tono dramático la pobreza que sufre. Alega a su favor que tiene dos hijas que van a un colegio de monjas y que es de comunión diaria. Estuvo pagando plazos de la multa hasta 1951.



"Había 17 supuestos delictivos por lo que se abría expediente, entre ellos militar o haber representado a los partidos o sindicatos del Frente Popular, haber permanecido en el extranjero más de dos meses durante la Guerra Civil, o la excitación o inducción a la comisión de actos que indujeran responsabilidad política", señala Martínez. Los tribunales no convocaban vistas orales y el encausado sólo podía enviar un pliego de descargo a través de un abogado.



En la base de datos del trabajo se ha introducido toda la información que aparece en los expedientes: nombre y situación política y social de los encausados, denunciantes, jueces y fiscales, informe e informantes (curas, Guardia Civil, alcaldes y Falange), las sentencias de los consejos de guerra, las condenas económicas, la inhabilitación, los destierros y el cumplimiento de las condenas.



La mayoría de los bienes confiscados eran fincas urbanas y pequeñas parcelas de terrenos de todas las clases. La comisión de Sevilla decía en 1939 que no era posible determinar el volumen de lo decomisado porque en los expedientes no constaba su valor. "Existe un gran número de expedientados a los que se les ha incautado un capital considerable representado en fincas rústicas y urbanas sin que tampoco se pueda determinar su cuantía". Si bien no había freno, se han encontrado relaciones que detallan la apropiación de ropa, aperos de labranza y utensilios de cocina.



El régimen acapara igualmente los llamados bienes "semovientes": caballerías, ovejas, vacas, cerdos, gallinas... Los inventarios (con su estimación monetaria) que hubieron de confeccionar las víctimas, sobre todo en los pueblos, dan una idea de hasta dónde llegó el escarnio. En uno de los legajos se lee lo que poseía una de las familias caídas en desgracia: una finca valorada en 200 pesetas, una casa, 300; una cama para el matrimonio, otra para los dos hijos, una mesa, seis sillas.



Martínez apunta que cuando las sentencias eran condenatorias, las multas más frecuentes oscilaban entre 150 y 500 pesetas, que eran las que se pagaban. "Hay que tener en cuenta que por entonces con 200 pesetas se compraba una casa en un pueblo", apunta el historiador, quien llama la atención respecto a que las más afectadas fueron, en consecuencia, las capas medias bajas.



El nuevo estado se apoderó de inmediato de los haberes de los partidos, sindicatos y organizaciones opuestas a la sublevación. Una vez restituida la democracia, tras la muerte de Franco, se les devolvieron (o un equivalente). A los particulares, nunca.



Según los primeros datos del estudio, que ha llegado a su ecuador, por ocupación, los más mortificados fueron los del sector primario (jornaleros, labradores, agricultores, campesinos, mineros), con un 64% de los encausamientos; el secundario (panaderos, electricistas, carpinteros, obreros, albañiles, etcétera), el 21,7%; y el terciario (abogados, empleados, administrativos, etcétera), el 9,9%.



Los cargos públicos desafectos cayeron todos, la mayoría alcaldes y concejales. Entre los diputados a Cortes las multas fueron exorbitantes. En 1945 el colapso hizo imposible continuar, se cancela la jurisdicción y los casos pendientes pasan a una comisión liquidadora. Pero la represión política no decae. El historial es comunicado a los gobernadores civiles, quienes usaron sus ficheros de rojos en futuras depuraciones para seguir estirando el infierno.



EL PAIS



Sevilla 

El botín andaluz de Franco

A Blas Infante lo fusilaron unos señoritos derechistas en la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936. Pero su sentencia no llegó hasta casi cuatro años después de mano de uno de los 18 tribunales de responsabilidades políticas que puso en marcha el franquismo para castigar a los vencidos, quitándoles sus propiedades y a golpe de multas. No importaba si habían muerto, como en el caso de Infante (le sancionaron con 2.000 pesetas notificadas a su viuda), que estuvieran en prisión o en el exilio. Igual que la represión física, la económica fue también implacable, un enorme botín de guerra que tuvo, sobre todo, una repercusión terrible en las familias, empujadas al hambre y la miseria.

El volumen de multas superó los 700 millones de pesetas de la época

Impulsado por la Consejería de Justicia de la Junta, un equipo de 32 investigadores de las nueve universidades andaluzas trabaja en introducir en una única base de datos 53.720 expedientes (el objetivo es llegar a los 60.000) de las actuaciones de los comités provinciales de incautación de bienes y los tribunales de responsabilidades políticas en Andalucía entre 1936 y 1945. "El volumen de multas pudo superar con creces los 700 millones de pesetas de las de entonces y alcanzar las 9.500 incautaciones; la represalia fue de tal envergadura y afectó a tanta gente que se produjo el colapso y en 1945 se tuvo que nombrar a una comisión liquidadora que dio carpetazo a 40.000 expedientes", sostiene Fernando Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería y coordinador del macroproyecto.

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La represión del nuevo régimen abarcó todas las vertientes posibles, desde las ejecuciones y encarcelamientos a las depuraciones ideológicas para el ejercicio profesional (docentes, jueces, médicos, arquitectos, etcétera). Hubo un tercer círculo, la confiscación de las posesiones del enemigo, a quien también se le multaba. La intención era doble: que nadie quedara sin castigo y recabar fondos. Francisco Franco quiso que los republicanos sufragaran los gastos de su alzamiento. Primero se crearon comisiones de incautación, enseguida desbordadas, y a partir de 1939 la jurisdicción especial de responsabilidades políticas.

Estos tribunales llevaron el delito político hasta extremos desconocidos en la historia de España, tenían carácter retroactivo y podían purgar hechos cometidos a partir de 1934, como se ve en el ejemplo de Blas Infante, asesinado en 1936 y, sin embargo, condenado y sancionado en 1940. Las responsabilidades no se extinguían con la muerte, las heredaban sus descendientes.

En Andalucía la persecución y el saqueo fueron devastadores. "El mero inicio del expediente, aunque no hubiera condena, era ya fatal porque el acusado no tenía acceso a su patrimonio. Muchos estaban muertos o en la cárcel y la familia no podía vender ni mover un papel, era la ruina y la necesidad", explica Fernando Martínez.El historiador relata un caso hallado en Almería que simboliza lo que significó esta represión invisible, y las situaciones angustiosas que generó en la economía del hambre de la posguerra. José Enciso Amat, masón, murió en 1937. Dos años más tarde le abrieron una causa que no se falló hasta 1940. A la viuda, multada con 12.000 pesetas, se le interviene la farmacia de la que era propietaria, a cuyo frente se coloca un administrador que percibe 10 pesetas diarias. Las cuentas bancarias, créditos y demás pertenencias también fueron inmovilizadas. Desesperada, la mujer escribe al tribunal y relata en tono dramático la pobreza que sufre. Alega a su favor que tiene dos hijas que van a un colegio de monjas y que es de comunión diaria. Estuvo pagando plazos de la multa hasta 1951.

"Había 17 supuestos delictivos por lo que se abría expediente, entre ellos militar o haber representado a los partidos o sindicatos del Frente Popular, haber permanecido en el extranjero más de dos meses durante la Guerra Civil, o la excitación o inducción a la comisión de actos que indujeran responsabilidad política", señala Martínez. Los tribunales no convocaban vistas orales y el encausado sólo podía enviar un pliego de descargo a través de un abogado.

En la base de datos del trabajo se ha introducido toda la información que aparece en los expedientes: nombre y situación política y social de los encausados, denunciantes, jueces y fiscales, informe e informantes (curas, Guardia Civil, alcaldes y Falange), las sentencias de los consejos de guerra, las condenas económicas, la inhabilitación, los destierros y el cumplimiento de las condenas.

La mayoría de los bienes confiscados eran fincas urbanas y pequeñas parcelas de terrenos de todas las clases. La comisión de Sevilla decía en 1939 que no era posible determinar el volumen de lo decomisado porque en los expedientes no constaba su valor. "Existe un gran número de expedientados a los que se les ha incautado un capital considerable representado en fincas rústicas y urbanas sin que tampoco se pueda determinar su cuantía". Si bien no había freno, se han encontrado relaciones que detallan la apropiación de ropa, aperos de labranza y utensilios de cocina.

El régimen acapara igualmente los llamados bienes "semovientes": caballerías, ovejas, vacas, cerdos, gallinas... Los inventarios (con su estimación monetaria) que hubieron de confeccionar las víctimas, sobre todo en los pueblos, dan una idea de hasta dónde llegó el escarnio. En uno de los legajos se lee lo que poseía una de las familias caídas en desgracia: una finca valorada en 200 pesetas, una casa, 300; una cama para el matrimonio, otra para los dos hijos, una mesa, seis sillas.

Martínez apunta que cuando las sentencias eran condenatorias, las multas más frecuentes oscilaban entre 150 y 500 pesetas, que eran las que se pagaban. "Hay que tener en cuenta que por entonces con 200 pesetas se compraba una casa en un pueblo", apunta el historiador, quien llama la atención respecto a que las más afectadas fueron, en consecuencia, las capas medias bajas.

El nuevo estado se apoderó de inmediato de los haberes de los partidos, sindicatos y organizaciones opuestas a la sublevación. Una vez restituida la democracia, tras la muerte de Franco, se les devolvieron (o un equivalente). A los particulares, nunca.

Según los primeros datos del estudio, que ha llegado a su ecuador, por ocupación, los más mortificados fueron los del sector primario (jornaleros, labradores, agricultores, campesinos, mineros), con un 64% de los encausamientos; el secundario (panaderos, electricistas, carpinteros, obreros, albañiles, etcétera), el 21,7%; y el terciario (abogados, empleados, administrativos, etcétera), el 9,9%.

Los cargos públicos desafectos cayeron todos, la mayoría alcaldes y concejales. Entre los diputados a Cortes las multas fueron exorbitantes. En 1945 el colapso hizo imposible continuar, se cancela la jurisdicción y los casos pendientes pasan a una comisión liquidadora. Pero la represión política no decae. El historial es comunicado a los gobernadores civiles, quienes usaron sus ficheros de rojos en futuras depuraciones para seguir estirando el infierno.

EL PAIS
Sevilla 

10 de junio de 2016

La fábrica que decantó la guerra




“No se piensen ustedes que aquí se fabrican fideos. Aquí se fabrica pólvora y explosivos y, por tanto, los accidentes no son casuales”. La intervención del coronel Paradas Fustel, que conocía las condiciones de precariedad de la fábrica nacional de pólvora y explosivos de El Fargue, sobreexplotada durante la guerra civil, fue decisiva para frenar los fusilamientos de trabajadores.  Los accidentes provocados por el incremento de los ritmos de producción eran  la excusa perfecta de una militarizada Falangededicada a organizar -en colaboración con confidentes y comisarios políticos- sacas de 40 empleados que cargaban en camiones con destino al barranco de Víznar. Bastaba con que algún chivato añadiera tu nombre a las listas negras que manejaban los sublevados.




El historiador Francisco González Arroyo, criado a escasos metros de la instalación militar, en el seno de una familia represaliada, trabaja en los últimos meses en su tesis doctoral centrada en la fábrica El Fargue, hoy la empresa de armamento Santa Bárbara. En los años de la contienda civil era la mayor instalación de explosivos y pólvora de España y una de las más grandes de Europa. Para el Ejército sublevado era fundamental apoderarse de ella pues se garantizaba el suministro bélico. “Es la única razón por la que se subleva la guarnición militar en Granada. La fábrica jugará un papel decisivo en el curso de los acontecimientos posteriores”, sostiene el investigador. Los republicanos se habían hecho con la fábrica de armas de Murcia y existía otra en Toledo, pero ninguna de las dos fue tan trascendente como la de El Fargue.


La fábrica cae en manos de los rebeldes el 20 de julio, sin apenas resistencia, y de la “limpieza” que allí hicieron todavía se habla en Granada. González Arroyo maneja datos fiables de, al menos, 170 represaliados que fueron fusilados y enterrados en fosas del barranco de Víznar. En el peor de los casos, si apareciera la documentación de víctimas que fueron baja en circunstancias desconocidas, la cifra podría alcanzar las 450 personas. “La represión fue feroz con los que no se adhirieron a la sublevación, los tibios, entre los que se encontraban militares o personas militarizadas que trabajaban en la fábrica, y aquellos que se significaron en reivindicaciones de carácter sindical”.


Algunas víctimas aparecen en el libro de Eduardo Molina Fajardo ‘Los últimos días de García Lorca’. De otros muchos ni siquiera hay constatada la defunción. Uno de los primeros represaliados, aunque su detención no se produce en el Fargue sino en el Gobierno Civil, es Antonio Rus Romero, maestro taller en la fábrica, significado sindicalista y secretario del Comité del Frente Popular, al que incoaron expediente judicial -junto al presidente de la Diputación, Virgilio Castilla- que desembocó en ejecución sumarísima.


La misma suerte corrió el dirigente sindicalista de El Fargue Miguel Álvarez Salamanca y decenas de compañeros, todos ellos durante el mandato interino del teniente coronel Manuel Barrios Alcón y el coronel Rafael Jaimez. “La llegada del coronel Paradas Fustel corta radicalmente las sacas de obreros, entre otras razones porque conocía las condiciones de precariedad y pudo demostrar que los accidentes no obedecían a actos de sabotaje, que solía ser la excusa para hacer ‘limpieza’, sino a la vorágine de los ritmos de producción y a la inexperiencia de muchos obreros que fueron contratados para dar salida a los explosivos”, explica.



De 510 trabajadores que contaba la fábrica en julio de 1936 se pasa a 1.676 en marzo de 1938, la cifra más elevada de empleados durante la contienda. Otro dato significativo: antes de la sublevación se fabricaban entre 200.000 y 300.000 kilos de pólvora, y 50.000 de explosivos.  Apenas dos meses después del levantamiento militar, en septiembre de 1936, las cifras se multiplicaron por cinco, según los datos de su investigación.




http://granadaimedia.com/la-fabrica-que-decanto-la-guerra/

La fábrica que decantó la guerra


“No se piensen ustedes que aquí se fabrican fideos. Aquí se fabrica pólvora y explosivos y, por tanto, los accidentes no son casuales”. La intervención del coronel Paradas Fustel, que conocía las condiciones de precariedad de la fábrica nacional de pólvora y explosivos de El Fargue, sobreexplotada durante la guerra civil, fue decisiva para frenar los fusilamientos de trabajadores.  Los accidentes provocados por el incremento de los ritmos de producción eran  la excusa perfecta de una militarizada Falangededicada a organizar -en colaboración con confidentes y comisarios políticos- sacas de 40 empleados que cargaban en camiones con destino al barranco de Víznar. Bastaba con que algún chivato añadiera tu nombre a las listas negras que manejaban los sublevados.

El historiador Francisco González Arroyo, criado a escasos metros de la instalación militar, en el seno de una familia represaliada, trabaja en los últimos meses en su tesis doctoral centrada en la fábrica El Fargue, hoy la empresa de armamento Santa Bárbara. En los años de la contienda civil era la mayor instalación de explosivos y pólvora de España y una de las más grandes de Europa. Para el Ejército sublevado era fundamental apoderarse de ella pues se garantizaba el suministro bélico. “Es la única razón por la que se subleva la guarnición militar en Granada. La fábrica jugará un papel decisivo en el curso de los acontecimientos posteriores”, sostiene el investigador. Los republicanos se habían hecho con la fábrica de armas de Murcia y existía otra en Toledo, pero ninguna de las dos fue tan trascendente como la de El Fargue.
La fábrica cae en manos de los rebeldes el 20 de julio, sin apenas resistencia, y de la “limpieza” que allí hicieron todavía se habla en Granada. González Arroyo maneja datos fiables de, al menos, 170 represaliados que fueron fusilados y enterrados en fosas del barranco de Víznar. En el peor de los casos, si apareciera la documentación de víctimas que fueron baja en circunstancias desconocidas, la cifra podría alcanzar las 450 personas. “La represión fue feroz con los que no se adhirieron a la sublevación, los tibios, entre los que se encontraban militares o personas militarizadas que trabajaban en la fábrica, y aquellos que se significaron en reivindicaciones de carácter sindical”.
Algunas víctimas aparecen en el libro de Eduardo Molina Fajardo ‘Los últimos días de García Lorca’. De otros muchos ni siquiera hay constatada la defunción. Uno de los primeros represaliados, aunque su detención no se produce en el Fargue sino en el Gobierno Civil, es Antonio Rus Romero, maestro taller en la fábrica, significado sindicalista y secretario del Comité del Frente Popular, al que incoaron expediente judicial -junto al presidente de la Diputación, Virgilio Castilla- que desembocó en ejecución sumarísima.
La misma suerte corrió el dirigente sindicalista de El Fargue Miguel Álvarez Salamanca y decenas de compañeros, todos ellos durante el mandato interino del teniente coronel Manuel Barrios Alcón y el coronel Rafael Jaimez. “La llegada del coronel Paradas Fustel corta radicalmente las sacas de obreros, entre otras razones porque conocía las condiciones de precariedad y pudo demostrar que los accidentes no obedecían a actos de sabotaje, que solía ser la excusa para hacer ‘limpieza’, sino a la vorágine de los ritmos de producción y a la inexperiencia de muchos obreros que fueron contratados para dar salida a los explosivos”, explica.
De 510 trabajadores que contaba la fábrica en julio de 1936 se pasa a 1.676 en marzo de 1938, la cifra más elevada de empleados durante la contienda. Otro dato significativo: antes de la sublevación se fabricaban entre 200.000 y 300.000 kilos de pólvora, y 50.000 de explosivos.  Apenas dos meses después del levantamiento militar, en septiembre de 1936, las cifras se multiplicaron por cinco, según los datos de su investigación.

http://granadaimedia.com/la-fabrica-que-decanto-la-guerra/

El Yatero



La partida guerrillera de Yatero y el movimiento guerrillero antifranquista en la provincia de Granada”, recupera, entre otras muchas, la historia de los hermanos, Rafael y Félix Castillo Clares. Rafael, miembro del ejército republicano durante la guerra, formó su partida de guerrilleros en el verano de 1941 en la sierra de Albuñuelas. 

El 23 de noviembre de 1947 la partida es cercada por la Policía Armada en un escondite en la Lancha de Cenes.

En el tiroteo murió Rafael, dos compañeros de guerrilla y tres mujeres, además del teniente Manuel García Espinosa, hijo del decano de la Facultad de Farmacia.

Su hermano Félix, de la partida de Polopero, le sustituyó al frente de la partida.

Poco después se entregaron a la Guardia Civil y, junto a otros desertores, formaron parte del conocido como “Grupo de Traidores”, que delató a varias partidas.

“El Clares” y su lugarteniente “Espantanubes” volvieron a la sierra para continuar con su actividad guerrillera y preparar su huida a Francia.

Los dos murieron en una emboscada el 2 de noviembre de 1948 en Quéntar.

granadablogs.com

El Yatero

La partida guerrillera de Yatero y el movimiento guerrillero antifranquista en la provincia de Granada”, recupera, entre otras muchas, la historia de los hermanos, Rafael y Félix Castillo Clares. Rafael, miembro del ejército republicano durante la guerra, formó su partida de guerrilleros en el verano de 1941 en la sierra de Albuñuelas. 

El 23 de noviembre de 1947 la partida es cercada por la Policía Armada en un escondite en la Lancha de Cenes.

En el tiroteo murió Rafael, dos compañeros de guerrilla y tres mujeres, además del teniente Manuel García Espinosa, hijo del decano de la Facultad de Farmacia.

Su hermano Félix, de la partida de Polopero, le sustituyó al frente de la partida.

Poco después se entregaron a la Guardia Civil y, junto a otros desertores, formaron parte del conocido como “Grupo de Traidores”, que delató a varias partidas.

“El Clares” y su lugarteniente “Espantanubes” volvieron a la sierra para continuar con su actividad guerrillera y preparar su huida a Francia.

Los dos murieron en una emboscada el 2 de noviembre de 1948 en Quéntar.

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JOSÉ RAMOS ACOSTA (1909-1981)




Natural de Fines (16 de diciembre de 1909).


Estudia Medicina en Valencia.
Alta en el Colegio Oficial de Médicos de Almería el 1-2-1934
Médico de Alcontar, Fines; Sierro y Lúcar.
De familia de Izquierda Republicana, durante la guerra marcha voluntario al frente, donde alcanza el grado de capitán médico de carabineros (Boletín Oficial del Instituto de Carabineros, 1937 y Gaceta de la República, febrero de 1937)



En agosto de 1936, apenas iniciada la contienda, marcha a Guadix(Granada) para ingresar voluntario en las milicias, en la Columna de Maroto.
Dos meses después se traslada a Valencia, a la Jefatura de Sanidad, donde lo destinan como médico asimilado a teniente en el cuartel nº 13 de la ciudad. Más tarde solicita trasladarse y es enviado al Cuerpo de Carabineros.


En abril de 1937, es enviado al frente de Teruel a la 87 Brigada Mixta.
Tres meses más tarde, en julio, es ascendido por disposición general a capitán. En noviembre de 1937 es nombrado jefe de Sanidad de la Brigada. Entre sus destinos, el frente de Madrid y, a finales de enero de 1939, el de Cuenca, donde acaba la guerra.


El 30 de marzo de 1939 las tropas franquistas en Priego (Córdoba) lo hacen prisionero y es conducido al campo de concentración de Palacio de Medinaceli (Soria). En mayo de ese año, se le inicia proceso judicial, José Ramos Acosta es condenado a doce años y un día de prisión. Cumple condena en varios centros penitenciarios y pasa a la situación de libertad condicional en diciembre de 1942.


Cuatro años más tarde, en julio de 1946, es indultado. Ramos Acosta es excluido del ejercicio de su profesión de médico hasta septiembre de 1949, cuando solicita a la Dirección General de Sanidad el ingreso en el escalafón del Cuerpo de Médicos de Asistencia Pública Domiciliaria.


garciaramosmedicosalmerienses.blogspot


JOSÉ RAMOS ACOSTA (1909-1981)

Natural de Fines (16 de diciembre de 1909).
Estudia Medicina en Valencia.
Alta en el Colegio Oficial de Médicos de Almería el 1-2-1934
Médico de Alcontar, Fines; Sierro y Lúcar.
De familia de Izquierda Republicana, durante la guerra marcha voluntario al frente, donde alcanza el grado de capitán médico de carabineros (Boletín Oficial del Instituto de Carabineros, 1937 y Gaceta de la República, febrero de 1937)
En agosto de 1936, apenas iniciada la contienda, marcha a Guadix(Granada) para ingresar voluntario en las milicias, en la Columna de Maroto.
Dos meses después se traslada a Valencia, a la Jefatura de Sanidad, donde lo destinan como médico asimilado a teniente en el cuartel nº 13 de la ciudad. Más tarde solicita trasladarse y es enviado al Cuerpo de Carabineros.
En abril de 1937, es enviado al frente de Teruel a la 87 Brigada Mixta.
Tres meses más tarde, en julio, es ascendido por disposición general a capitán. En noviembre de 1937 es nombrado jefe de Sanidad de la Brigada. Entre sus destinos, el frente de Madrid y, a finales de enero de 1939, el de Cuenca, donde acaba la guerra.
El 30 de marzo de 1939 las tropas franquistas en Priego (Córdoba) lo hacen prisionero y es conducido al campo de concentración de Palacio de Medinaceli (Soria). En mayo de ese año, se le inicia proceso judicial, José Ramos Acosta es condenado a doce años y un día de prisión. Cumple condena en varios centros penitenciarios y pasa a la situación de libertad condicional en diciembre de 1942.
Cuatro años más tarde, en julio de 1946, es indultado. Ramos Acosta es excluido del ejercicio de su profesión de médico hasta septiembre de 1949, cuando solicita a la Dirección General de Sanidad el ingreso en el escalafón del Cuerpo de Médicos de Asistencia Pública Domiciliaria.
garciaramosmedicosalmerienses.blogspot

9 de junio de 2016

Homenaje a los asesinados en Gusen. Zujaira 2016.




El monolito, levantado en la plaza del Pilar de Zujaira, en recuerdo a los diez zujaireños asesinados en el campo de exterminio de Mauthausen, volvió a ser el pasado viernes testigo del acto homenaje a la Memoria Histórica y al recuerdo, que se viene celebrando desde hace tres décadas en la localidad.


El acto, organizado por el Ayuntamiento, comenzó a las nueve de la noche y contó con la presencia, entre otros, del delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Junta de Andalucía, Juan José Martín Arcos, el alcalde de Pinos Puente, Enrique Medina, la alcaldesa de Casanueva-Zujaira, Remedios Jiménez, Francisco Robles Rodríguez, profesor de la UGR y miembro de la directiva de la Asociación granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica y Carlos Hernández de Miguel, periodista y autor del libro "Los últimos españoles de Mauthausen", la historia los últimos españoles supervivientes de los campos de exterminio nazis que nos recuerdan su sufrimiento y la forma en que perdieron a miles de compañeros a manos de los siniestros miembros de las SS. La historia de esos hombres y mujeres que sobrevivieron o murieron entre las alambradas de los campos.


Tras los emotivos discursos se procedió al izamiento de la bandera de la Amical en recuerdo de los zujaireños asesinados en el campo de concentración de Mauthausen mientras sonaba el Orobroy en la guitarra de Karim Adghal.


Los once zujaireños objeto de este homenaje son: Manuel Reina Moya, Pedro Crespo Trujillo, Juan Gálvez Cervera, Rogelio García Alcaraz, Francisco Marfil Crespo, Juan Amigo Nuñez, Rafael Ávila Jiménez, José Crespo Jiménez, Ángel Reina Moya, Antonio Reina Moya y Francisco García Alcaraz, único superviviente de Mauthausen, ya fallecido, y promotor del monolito.


Durante la Guerra Civil española, debido a sus ideales políticos, numerosos vecinos del municipio se vieron obligados a huir de España para salvar su vida y buscar refugio en países vecinos. Este hecho, tan sumamente doloroso, se tornó aún más trágico porque muchos de ellos, tras cruzar la frontera francesa, fueron internados en campos de reagrupamiento, debiendo soportar un trato cruel y unas condiciones de vida pésimas por parte de las autoridades francesas.


Tras el estallido de la II Guerra Mundial muchos españoles fueron obligados a combatir en las filas del ejército francés, enviados al frente en escuadrones de choque, siendo muchos de ellos capturados por los nazis.


Los nazis preguntaron a las autoridades españolas que debían hacer con los "rojos españoles capturados", si los extraditaban a España. Pero los campos de concentración españoles estaban a rebosar de presos por lo que, Ramón Serrano Suñer, ministro de asuntos exteriores, amigo personal de Heinrich Himmler, contestó rechazando la extradición, alegando para ello que no se trataba de españoles, sino de "apátridas indeseables", por lo que la Gestapo se hizo cargo de ellos.


Es de este modo como once vecinos, republicanos de Zujaira, fueron conducidos a Mauthausen, que junto con Gusen fueron los dos únicos campos de exterminio de toda Europa etiquetados como campos de "Grado III", lo que significa que eran los campos más duros para los "enemigos políticos incorregibles del Reich".