(Rafael Gil Brasero, 2016)
El General Miguel Campins Aura en calidad de Comandante Militar de
la Plaza de Granada mantuvo desde la tarde noche del 17 de julio su
firme postura de permanecer al lado del Gobierno: “en Granada no
habría un soldado rebelde” habría manifestado al último
gobernador civil republicano César Torres Martínez. Frente a esa
firme resolución –que al final le costó la vida- los
conspiradores pensaron que “aquí no queda más remedio que emplear
las pistolas”. La determinación de Campins se explica por su
sentido del deber, por sus convicciones liberales y su elevado
sentido profesional de la milicia al servicio del poder civil y de la
legalidad. Sensu estricto considera Campins que no se daban
condiciones en Granada que justificaran “un bollo y aventura
militar”. Como él mismo dejara escrito tampoco conocía los planes
que tramaban desde meses en los acuartelamientos de la guarnición
granadina....Por el contrario para los intereses de los rebeldes, la
lealtad del Comandante Militar era un obstáculo que ponía en
peligro la insurrección armada en la demarcación territorial.
El acoso y vigilancia de los jefes y oficiales hacia
Campins se acentúa cuando se conoce su negativa a proclamar el
estado de guerra en los termino categóricos y duros que le manda el
general Queipo de Llano (el nuevo “virrey de Andalucía”), quien
ya desde esas primeras horas solicita y actúa de forma dura y cruel
contra todos los opuestos al Alzamiento. Desechada la solución
Campins la dirección rebelde (Muñoz Jiménez, Rodríguez Bouzo,
Rosaleny Burguet, Valdés Guzmán) se aprestarán a cerrar el
compromiso de la oficialidad de Infantería, Guardia Civil, Cuerpo de
Seguridad y Asalto y Comisaría de Vigilancia. Ciertamente hubo que
vencer alguna duda o reticencia del Arma de Infantería (Basilio León
Maestre esgrimiría la escasa guarnición, escaso municionamiento y
una clase de suboficiales y tropa poco propicia a asonadas e
intentonas militares).
Esas dudas derivaron en reuniones y movimientos de
enlace en los que sobresalen por su “habilidad” los capitanes
José María Nestares Cuéllar, Mariano Pelayo Navarro y Antonio
Fernández Sánchez. Tras dos días de encuentros más o menos
clandestinos en los cuartos de banderas de los regimientos, los jefes
y oficiales rebeldes lograron el apoyo de todos las armas e
institutos de orden público con sede en la capital de la provincia y
además habrían logrado el respaldo de la Falange Española, de la
CEDA y de los monárquicos quienes se van a incorporar a una hora
determinada al grueso de las fuerzas que operen en la calle.
Mientras esto ocurría en la parte rebelde, las dos
máximas autoridades republicanas, el gobernador civil y el
comandante militar, respetaron la legalidad con escrupulosidad que se
demostró más tarde suicida para la suerte del régimen. Confiaron
en que nada iba a suceder por lo que se negaron armar y repartir
municionamiento a los grupos milicianos y sindicalistas que las
reclamaban.... para impedir cualquier intento insurreccional.
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