El General Miguel Campins Aura en calidad de Comandante Militar de la Plaza de Granada mantuvo desde la tarde noche del 17 de julio su firme postura de permanecer al lado del Gobierno: “en Granada no habría un soldado rebelde” habría manifestado al último gobernador civil republicano César Torres Martínez. Frente a esa firme resolución –que al final le costó la vida- los conspiradores pensaron que “aquí no queda más remedio que emplear las pistolas”. La determinación de Campins se explica por su sentido del deber, por sus convicciones liberales y su elevado sentido profesional de la milicia al servicio del poder civil y de la legalidad. Sensu estricto considera Campins que no se daban condiciones en Granada que justificaran “un bollo y aventura militar”. Como él mismo dejara escrito tampoco conocía los planes que tramaban desde meses en los acuartelamientos de la guarnición granadina....Por el contrario para los intereses de los rebeldes, la lealtad del Comandante Militar era un obstáculo que ponía en peligro la insurrección armada en la demarcación territorial.
El acoso y vigilancia de los jefes y oficiales hacia Campins se acentúa cuando se conoce su negativa a proclamar el estado de guerra en los termino categóricos y duros que le manda el general Queipo de Llano (el nuevo “virrey de Andalucía”), quien ya desde esas primeras horas solicita y actúa de forma dura y cruel contra todos los opuestos al Alzamiento. Desechada la solución Campins la dirección rebelde (Muñoz Jiménez, Rodríguez Bouzo, Rosaleny Burguet, Valdés Guzmán) se aprestarán a cerrar el compromiso de la oficialidad de Infantería, Guardia Civil, Cuerpo de Seguridad y Asalto y Comisaría de Vigilancia. Ciertamente hubo que vencer alguna duda o reticencia del Arma de Infantería (Basilio León Maestre esgrimiría la escasa guarnición, escaso municionamiento y una clase de suboficiales y tropa poco propicia a asonadas e intentonas militares).
Esas dudas derivaron en reuniones y movimientos de enlace en los que sobresalen por su “habilidad” los capitanes José María Nestares Cuéllar, Mariano Pelayo Navarro y Antonio Fernández Sánchez. Tras dos días de encuentros más o menos clandestinos en los cuartos de banderas de los regimientos, los jefes y oficiales rebeldes lograron el apoyo de todos las armas e institutos de orden público con sede en la capital de la provincia y además habrían logrado el respaldo de la Falange Española, de la CEDA y de los monárquicos quienes se van a incorporar a una hora determinada al grueso de las fuerzas que operen en la calle.
Mientras esto ocurría en la parte rebelde, las dos máximas autoridades republicanas, el gobernador civil y el comandante militar, respetaron la legalidad con escrupulosidad que se demostró más tarde suicida para la suerte del régimen. Confiaron en que nada iba a suceder por lo que se negaron armar y repartir municionamiento a los grupos milicianos y sindicalistas que las reclamaban.... para impedir cualquier intento insurreccional.
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