Los casos de Gabriel Bonilla Marín y de Alejandro Otero Fernández fueron los más graves, puesto que se vieron obligados a partir al exilio mexicano y, desde allí, se encargaron de, a través de la Junta de Liberación, ayudar al caído régimen republicano. Idéntica suerte corrió Pablo Azcárate Flores, quien fue embajador rojo en Ginebra y después fue a Londres, o Fernando de los Ríos, recién nombrado rector de la Universidad Central. Otros, como José Domingo Quilez y Cayetano Cortés, José Álvarez de Cienfuegos y Cobos o José García Valdecasas y Santamaría, fueron separados de su cátedra pero pudieron permanecer en España, probablemente porque se retiraron a tiempo de la política o bien por que pertenecían a partidos de izquierda más moderados. Claudio Hernández López o Francisco Gómez Román, auxiliares de Medicina, se retiraron de la política con el suficiente adelanto como para evitar sanciones mayores por pertenecer al PRAG, primero, y al PSOE, después. Más interés tiene el caso de Emilio Langle Rubio, de quien se demostró su pertenencia a Izquierda Republicana por lo que fue sancionado. A pesar de ello, Langle fue defendido por gente como el también catedrático de Derecho y posterior alcalde franquista Rafael Acosta Inglott. En la carta, Acosta habla de Langle como un hombre contrario a los principios del Frente Popular al que perteneció y cuya vida giraba en torno a la religión, el trabajo y la familia. Cartas como ésta le valieron a Langle ser considerado “depurado sin sanción” y seguir teniendo una vida normal en Granada. Igual le sucede a Ricardo Serrano, catedrático de Farmacia, quien en una carta propia y en otra firmada por Adelardo Mora Guarnido, vicerrector de la Universidad en 1936, fue eximido de cualquier conducta pro-republicana.
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